Praileaitz

No prospera la petición de ampliar a 100 metros la protección máxima de Praileaitz


El Gobierno Vasco comenzará en breve a tramitar el nuevo decreto. El PNV permitió al PSE superar un trámite parlamentario en el que salió a relucir el posible coste económico de la operación

Con la aritmética parlamentaria en la mano, en adelante no podrá decirse que la propuesta de modificación del decreto de protección de la cueva de Praileaitz, en Deba, que el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco comenzará a tramitar en breve tras meses de preparación, no cuenta con el respaldo del Parlamento Vasco. Gracias al apoyo del PNV, los socialistas sortearon con holgura un trámite que tenía visos de terminar poniendo frente a frente, como ocurrió en la pasada legislatura, al partido en el Gobierno y al resto de la Cámara.
A instancias del parlamentario de Eusko Alkartasuna Jesús M. Larrazabal, se debatía en el Parlamento una moción que instaba al Gobierno Vasco a ampliar a 100 metros -medidos desde las paredes exteriores del 'santuario' que alberga las pinturas en el que, obviamente, toda actividad no científica está prohibida- la zona de máxima protección de Praileaitz, que la propuesta de Cultura establece en 65 metros y en la actualidad es de 50. En la propuesta del Gobierno se destaca también la conveniencia -cuya eficacia avala un informe de Industria- de realizar un corte o trinchera en la roca para neutralizar las vibraciones que provocan las voladuras y sus efectos en las banderolas en las que se asientan las pinturas.
La moción de EA pretendía también instar al Ejecutivo a proteger a través de la Ley de Patrimonio toda la ladera en la que se encuentra la cueva, cuya preservación integral constituye el aspecto clave de la larga y enconada polémica sobre Praileaitz. En la actualidad, es la Ley de Costas la que está impidiendo que haya actividad extractiva en la zona. La propuesta del Gobierno Vasco propugna que, en primera instancia, siga siendo esa ley la que garantice la integridad de lo que queda de ladera, sin excluir la posibilidad de que, si es necesario, se recurra a la Ley de Patrimonio para hacer efectiva una protección cuya conveniencia ya casi nadie discute.
Larrazabal defendió su propuesta insistiendo en que la presentada por la consejera Urgell a los grupos parlamentarios no garantizaba la protección de Praileaitz y su ladera, y comenzando a transitar un camino por el que se adentraron, con la salvedad de la representante socialista, todos los que le siguieron en el uso de la palabra: la «contradicción» entre la postura que defendió el grupo socialista en la pasada legislatura -«difamando y ofendiendo una y otra vez a Miren Azkarate», apuntó Larrazabal- y la que mantiene en la actualidad. Tras el pleno, Larrazabal tachó al PSE de incoherente y al PNV de irresponsable por «no garantizar la protección de Praileaitz».


Cuentas pendientes


Ya se sabía para entonces que PSE-EE y PNV habían acordado una enmienda transaccional que, básicamente, instaba al Gobierno a garantizar la «protección determinante» -adjetivo que la parlamentaria socialista Pilar Pérez-Fuentes equiparó a 'total'- de la cueva y la ladera, sin entrar en más precisiones. Finalmente, fue esa enmienda la que prosperó en detrimento de la moción de EA, con 54 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones.
En sus respectivas intervenciones, EB, Aralar, PP y UPyD coincidieron en considerar insuficiente el texto pactado por socialistas y nacionalista y en sumarse -en algunos casos, con sus propias enmiendas-, a la propuesta de ampliar la proteccion a 100 metros, tal como ha recomendado en sus informes -citados con frecuencia, y mencionados también en el texto pactado por PNV y PSE- la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y ninguno de los parlamentarios que se acercó al micrófono dejó de criticar el «cambio» que se había producido en las filas socialistas.



Tampoco la parlamentaria nacionalista Ane Urkiola, cuyas intervenciones -llamativamente contundentes teniendo en cuenta la alianza entre PSE-EE y PNV- tuvieron cierto aire de desquite.


En ausencia de la consejera de Cultura y del viceconsejero, Antonio Rivera, defendió la posición del Gobierno Pilar Pérez-Fuentes que, en una sesión de marcado cariz político, sacó a colación una cuestión, la económica, que siempre planea aunque no se termina de explicitar. Respondió a las acusaciones de incoherencia diciendo que «no hemos cambiado de objetivos pero sí de estrategia, porque la información que tenemos ha variado». De sus palabras se dedujo que esa nueva información incluía datos acerca del peligro de «poner en riesgo muchos millones de euros innecesariamente», en referencia a las indemnizaciones que podría solicitar Zeleta, la empresa que explota la cantera.



Aunque el resto de los grupos restaron importancia a esa variable, Pérez-Fuentes recordó que «una opción comprometida tiene que tener en cuenta tanto el patrimonio como los recursos públicos».