ladrones de historia

La Justicia investiga el saqueo de la Cueva de Chaves, joya del Neolítico y ejemplo de los expolios que se suceden por el país


Más de 7.500 objetos arqueológicos robados, 14 yacimientos expoliados y 140.000 euros de coste total. Son las cifras de la operación Badía, que la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres culminaron hace unos días. Siete personas fueron detenidas por estos robos, a los que hay que sumar los daños causados en los yacimientos durante la extracción de los restos.

Estos expolios son muy habituales en España, que es el país con más patrimonio arqueológico de Europa, tras Italia. Casbas de Huesca es el último ejemplo de ello. Hasta hace muy poco, esta localidad oscense contaba con una joya del Neolítico. Hoy, ha desaparecido por completo. Se trata de la Cueva de Chaves, la que para Vicente Valdellou, director del Museo Arqueológico Provincial de Huesca, se encontraba, desde el punto de vista arqueológico, entre las tres primeras de toda la Península y, en cuanto a información de un establecimiento neolítico o de fauna prehistórica, la primera.

La cueva, que se situaba dentro de una propiedad privada, era visitada con frecuencia por personal del museo. Según explica su director, "el hecho, precisamente, de que estuviera en una propiedad privada suponía una protección adicional contra los saqueadores". Sin embargo, tras un periodo de inactividad en las excavaciones mientras se estudiaba todo el material extraído, Valdellou visitó el yacimiento y encontró que todos los depósitos prehistóricos habían sido vaciados.

En los tribunales
Los hechos sucedieron el año pasado y, desde entonces, el caso se encuentra en los tribunales. Hace tan sólo unas semanas fue también tema de debate en las Cortes de Aragón, donde María Victoria Broto, responsable de Cultura, declaró que si hay un "responsable claro" del expolio de la Cueva de Chaves "es el propietario de la finca". "Por parte del departamento de Educación hay una protección sobre este yacimiento arqueológico", añadió.
Esta protección venía dada por contar con tres niveles diferenciados: uno correspondiente a la Edad de Bronce, otro al nivel Neolítico y un tercero más antiguo y separado de los anteriores por una densa capa de piedra, que se identificó como ocupación Paleolítica, con niveles pertenecientes al Solutrense Superior mediterráneo, dos ocupaciones magdalenienses y algunos restos de época aziliense. Sólo del nivel neolítico se habían extraído cerámicas impresas y cardiales -decoradas con conchas-, toda una industria ósea a base de punzones, objetos de adorno y conchas marinas, y numerosos objetos de piedra.

Este yacimiento, de unos 225 metros de profundidad, proporciona las claves del que posiblemente fue uno de los primeros asentamientos de una comunidad productora (agrícola y ganadera). Valdellou, que trabaja en la cueva desde 1974 -aunque las excavaciones no comenzaron hasta una década después-, explica: "Excavamos una habitación con hogares, y había uno precioso, realizado con cantos rodados". En este tipo de asentamientos solía existir una zona donde se realizaba la vida social, más cerca de la entrada para aprovechar la luz y, a medida que se adentraba en la cueva y el techo era más bajo, estaba la despensa, más fresca y protegida de la luz.

La evidencia de restos animales, en un 60% domésticos (ovejas y cabras), delata el carácter ganadero de esta comunidad. Asimismo, el habitante neolítico de Chaves era cazador, puesto que se han encontrado huesos de jabalí, conejo, liebre o ciervo, entre otros.
El director general de Patrimonio, Jaime Vicente, muestra su desolación por los hechos y asegura que "la responsabilidad total y única es de quienes han cometido el expolio". "Precisamente por eso, nos hemos personado como acusación en la causa. Somos los más interesados en depurar responsabilidades", zanja. Según explica Vicente, "el yacimiento ya contaba con protección BIC [Bien de Interés Cultural] porque estaba dentro del perímetro de protección de las pinturas rupestres encontradas en el exterior; de hecho, se incluyó intencionadamente en este perímetro". Desde su punto de vista, "el expolio se ha realizado conscientemente, puesto que los propietarios sabían de la importancia del yacimiento y, de hecho, ya habían dado varios permisos autorizando excavaciones".

El coto pertenece a Fimbas S.A. y, hasta que hace unos años cambió de dueño y pasó a ser de propiedad de una sociedad del empresario minero Victorino Alonso, "nunca hubo problemas", indica Val-dellou. Sin embargo, el año pasado, con motivo de la visita de su colega Joan Bernabéu, de la Universidad de Valencia, el director del museo acudió de nuevo a la cueva encontrándose con el destrozo. "Aún no tengo claro cuál era el propósito, lo habían allanado, cercando la entrada, y habían dispuesto un pesebre con un abrevadero", relata Valdellou. Su desolación es absoluta: "Habíamos excavado únicamente 110 metros cuadrados de un total de 3.300, por lo que todo lo que se podría haber descubierto es una incógnita".

Sin respuesta
Fuentes de Fimbas S.A. consultadas por Público rehúsan hacer declaraciones. "Este tema está en los juzgados y no queremos perjudicarnos más", explican, aunque añaden: "Algún día saldrá toda la verdad y veremos quién tiene razón".

Desde Ecologistas en Acción de Huesca, su portavoz, Chesus Ferrer, critica la pasividad por parte de la Administración pública en la protección de la cueva: "Esa propiedad siempre ha pertenecido a gente con mucho poder, con contactos políticos, y no ha interesado intervenir", asegura. El portavoz afirma que su ONG lleva años de denuncias contra la finca, "por su invasión de barrancos y por los vallados no permeables para animales, pero se nos ha hecho caso omiso". "Recientemente, incluso, nos dirigimos a la Confederación Hidrográfica y nos dijeron que nos les consta en su histórico todas las denuncias que hemos ido tramitando", afirma
Desde el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón aseguran que la autorización para el funcionamiento del coto se remonta al año 1975, cuando el entonces Icona, dependiente del Gobierno central, dictó resolución por la que se autorizaba a la mercantil Fimbas S.A. a "la constitución de este coto, conocido como de Bastarás". De este modo, la Administración zanja cualquier posibilidad de expropiación de la finca, como solicitaban los grupos ecologistas, incluso después de que quedara incluida en el Parque Natural cuando este fue declarado en 1990. Así, fuentes del departamento subrayan que este "ha actuado en todo momento en el marco de sus competencias, ejerciendo toda su capacidad sancionadora".

Desde 2003, según las mismas fuentes, se ha abierto un total de 12 expedientes sancionadores por infracciones de la Ley de Montes y de la Ley de Caza. Sin embargo, hasta el año pasado no se decretó la disolución del coto, tras detectarse la introducción de una especie alóctona, en concreto el arruí una especie de cabra africana, lo que se considera una infracción muy grave de la Ley 5/2009 de Caza de Aragón.

Asimismo, el Gobierno de Aragón va a actuar subsidiariamente recolocando la valla, que desde 1975 ocupa el monte de utilidad pública. Estas actuaciones, ya adjudicadas y con el proyecto elaborado, sólo aguardan una mejora de las condiciones meteorológicas. El caso del expolio de la cueva, mientras tanto, esperará a que hablen los tribunales.