Broto culpa del expolio de la Cueva de Chaves al propietario de la finca
Así lo ha indicado en las Cortes de Aragón, donde ha comparecido, a petición de CHA, para explicar la responsabilidad de la consejería en la protección y destrucción de este yacimiento neolítico.
La empresa Fimbas, ha dicho la consejera, extrajo con maquinaria, sin autorización , unos 7.000 metros cúbicos de tierra y vació este yacimiento, al que arqueólogos de todo el país acudían a profundizar en la investigación del neolítico y el paleolítico, En cuanto el Gobierno de Aragón tuvo noticia de los hechos, el día 2 de marzo, alertado por el responsable de otra de las campañas arqueológicas que se iban a realizar, Vicente Baldelleu, se actuó con "responsabilidad y celeridad".
Al día siguiente, un técnico del Departamento de Educación visitó la cueva y confirmó los daños, por lo que el 4 de marzo el director de Patrimonio envió una carta al propietario de la finca criticando la actuación, y dos días después, presentó una denuncia en la Fiscalía provincial por un presunto delito contra el patrimonio histórico, ha detallado.
El Gobierno de Aragón también ha aportado información para demostrar que el propietario de la finca era "conocedor" del carácter de zona protegida que tenía la cueva de Chaves, ubicada en terrenos de su propiedad, ha manifestado.
Por todo ello, Broto ha responsabilizado únicamente de los hechos al propietario de la finca, ya que el enclave estaba protegido legalmente, por las Ley de Patrimonio Histórico y por el código penal, y físicamente con "vallas" y "vigilancia permanente", ha reiterado.
El caso está ahora en vías judiciales quien responsabilizará de las actuaciones "injustificables" que ha provocado "pérdidas lamentables", ha comentado Broto, quien ha añadido que ahora, después de los hechos, se realiza una inspección semanal de la Cueva de Chaves.
"Es imposible que haya una guardia los 365 días del año en cada una de las 13.000 yacimientos arqueológicos que hay en Aragón", ha puntualizado.
La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha criticado el retraso con el que la consejera ha comparecido para explicar la actuación del Departamento en la protección de este enclave patrimonial , a la vez que ha calificado de "impresentable" que no asuma su "responsabilidad institucional" en este "desastre".
Ibeas ha asegurado que el Gobierno de Aragón no realizaba "ninguna" tarea de control e inspección para garantizar la protección de la cueva de Chaves, por lo que ha reclamado una "investigación interna" que aclare los hechos.
El diputado popular Miguel Navarro ha señalado que la "negligencia" del Gobierno de Aragón ha acabado con un yacimiento que tiene más de 6.000 años de antigüedad y ha afirmado que hizo "oídos sordos" ante este atentado que, por el contrario, fue denunciado por los medios de comunicación.
La diputada del PAR María Herrero ha destacado que estas actuaciones pueden ocurrir "lamentablemente", a pesar de que el Gobierno de Aragón adoptó las medidas de protección adecuadas, mientras que el diputado socialista Carlos Álvarez ha asegurado que la actuación ha sido "responsable y rápida" para poner el caso a disposición judicial, a la vez que ha señalado como único culpable es el propietario.
Así lo ha indicado en las Cortes de Aragón, donde ha comparecido, a petición de CHA, para explicar la responsabilidad de la consejería en la protección y destrucción de este yacimiento neolítico.
La empresa Fimbas, ha dicho la consejera, extrajo con maquinaria, sin autorización , unos 7.000 metros cúbicos de tierra y vació este yacimiento, al que arqueólogos de todo el país acudían a profundizar en la investigación del neolítico y el paleolítico, En cuanto el Gobierno de Aragón tuvo noticia de los hechos, el día 2 de marzo, alertado por el responsable de otra de las campañas arqueológicas que se iban a realizar, Vicente Baldelleu, se actuó con "responsabilidad y celeridad".
Al día siguiente, un técnico del Departamento de Educación visitó la cueva y confirmó los daños, por lo que el 4 de marzo el director de Patrimonio envió una carta al propietario de la finca criticando la actuación, y dos días después, presentó una denuncia en la Fiscalía provincial por un presunto delito contra el patrimonio histórico, ha detallado.
El Gobierno de Aragón también ha aportado información para demostrar que el propietario de la finca era "conocedor" del carácter de zona protegida que tenía la cueva de Chaves, ubicada en terrenos de su propiedad, ha manifestado.
Por todo ello, Broto ha responsabilizado únicamente de los hechos al propietario de la finca, ya que el enclave estaba protegido legalmente, por las Ley de Patrimonio Histórico y por el código penal, y físicamente con "vallas" y "vigilancia permanente", ha reiterado.
El caso está ahora en vías judiciales quien responsabilizará de las actuaciones "injustificables" que ha provocado "pérdidas lamentables", ha comentado Broto, quien ha añadido que ahora, después de los hechos, se realiza una inspección semanal de la Cueva de Chaves.
"Es imposible que haya una guardia los 365 días del año en cada una de las 13.000 yacimientos arqueológicos que hay en Aragón", ha puntualizado.
La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha criticado el retraso con el que la consejera ha comparecido para explicar la actuación del Departamento en la protección de este enclave patrimonial , a la vez que ha calificado de "impresentable" que no asuma su "responsabilidad institucional" en este "desastre".
Ibeas ha asegurado que el Gobierno de Aragón no realizaba "ninguna" tarea de control e inspección para garantizar la protección de la cueva de Chaves, por lo que ha reclamado una "investigación interna" que aclare los hechos.
El diputado popular Miguel Navarro ha señalado que la "negligencia" del Gobierno de Aragón ha acabado con un yacimiento que tiene más de 6.000 años de antigüedad y ha afirmado que hizo "oídos sordos" ante este atentado que, por el contrario, fue denunciado por los medios de comunicación.
La diputada del PAR María Herrero ha destacado que estas actuaciones pueden ocurrir "lamentablemente", a pesar de que el Gobierno de Aragón adoptó las medidas de protección adecuadas, mientras que el diputado socialista Carlos Álvarez ha asegurado que la actuación ha sido "responsable y rápida" para poner el caso a disposición judicial, a la vez que ha señalado como único culpable es el propietario.
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