Victorino Alonso queda como único imputado por destrozar un yacimiento oscense que el Gobierno aragonés valora en 50 millones de euros
La pena de prisión y una indemnización que podría ascender a decenas de millones de euros planean sobre el controvertido empresario leonés Victorino Alonso, el «rey del carbón» que controla buena parte de este sector en España desde su red de pozos que se reparten por las cuencas mineras en España. Su fortuna acumulada a pie de mina ha ido acompañada también de multimillonarias subvenciones que también están siendo objeto de investigación judicial. Y, ahora, el cerco de la Justicia se estrecha también contra él en los tribunales de Huesca, que lo consideran responsable directo de destrozar un yacimiento del neolítico de relevancia internacional, el de la Cueva de Chaves.
Situada en el término municipal de Bastarás (Huesca), en la zona de la Sierra de Guara, está dentro de un coto de caza perteneciente a una de las sociedades de la órbita del empresario leonés, Fimbas. En el año 2007, esta empresa encargó trabajos a otra sociedad, Ferpi Transportes y Obras. Se construyó una pista de amplia anchura que llega hasta la boca de esta cueva, en cuyo interior se realizó un tremendo e indiscriminado movimiento de tierras que arrasó su gran riqueza arqueológica.
Tras años de instrucción judicial, el juzgado número 3 de Huesca considera como único responsable al empresario Victorino Alonso. No solo entiende que él es el propietario de ese enclave sino quien dio las órdenes que obligaron a quienes estaban al frente de las otras dos empresas implicadas en aquellas obras. En el procedimiento se imputó también a dirigentes de esas otras empresas, pero el juez entiende que no tienen responsabilidad porque eran meros «hombres de paja» a las órdenes de Victorino Alonso.
Recurso rechazado
Tras su auto de imputación, dictado a mediados de octubre, las partes personadas en el proceso presentaron diversos recursos, que han sido desestimados. Así que, finalmente, el empresario leonés queda como único imputado por un presunto delito contra el patrimonio histórico, que se castiga con penas de uno a tres años de prisión, además de las indemnizaciones y multas que puedan determinarse.
El abogado de Victoriano Alonso solicitó en las últimas semanas que el empresario quedara libre de cargos. El recurso, sin embargo, ha sido desestimado. En su auto de imputación contra el empresario leonés, el juez instructor, José Antonio Izuel, destacó que hay indicios suficientes para considerarlo máximo responsable de los hechos que se investigan.
Testaferros
El juez es contundente al asegurar que Victorino Alonso urdió un entramado de testaferros para que encubrir su relación con actividades como la que ha motivado esta causa judicial. En dicho auto se reprocha al empresario del carbón la «utilización de terceras personas como testaferros u hombres de paja para fines ilícitos, intentando eludir unas responsabilidades civiles y penales que finalmente, en esta ardua instrucción, han podido quedar presuntamente dilucidadas».
El titular del juzgado número 3 de Huesca subraya igualmente que los distintos testigos que han sido recabados durante la instrucción de este caso «coinciden en que las órdenes» de los trabajos realizados a través de las empresas Fimbas y Ferpi las daba Victorino Alonso, «auténtico administrador de hecho de ambas sociedades».
Valor multimillonario
Cuando se celebre el juicio será el momento de concretar la indemnización que se exige por lo ocurrido en la Cueva de Chaves. Losdaños causados en 2007 son irreparables. El yacimiento quedó arrasado, porque se excavaron irregularmente los sedimentos arqueológicos, que se remontaban a más de 8.000 años. Un destrozo de este tipo es de un valor incalculable. Aun con todo, toca establecer cantidades a efectos legales. A partir de informes periciales encargados por el juzgado, el instructor del caso ha estimado inicialmente en las diligencias que el valor de lo destruido ascendería a 14,31 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno aragonés —una de las partes personadas en este proceso como acusación— sostiene que la cifra sería muy superior y habla de 50 millones de euros, que presumiblemente servirá para sustentar su reclamación contra Victorino Alonso cuando se celebre el juicio.
Sin delito medioambiental
En esta causa también están personados como acusación laAsociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ecologistas en Acción. Estos últimos habían solicitado que, además de un delito contra el patrimonio histórico, por lo ocurrido en la Cueva de Chaves en 2007 se imputara también otro delito medioambiental. El juez, sin embargo, ha rechazado esa petición por entender que no cabe tipificar lo ocurrido como un delito contra el medio ambiente, sino únicamente contra el patrimonio cultural.
Un desastre para la arqueología en Europa
El yacimiento de la Cueva de Chaves, en Bastarás (Huesca), era un enclave arqueológico de fama internacional. Era un excepcional testigo de lo que fueron en la Península Ibérica los primeros asentamientos humanos productores —los primeros que se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, en vez de vivir solo como cazadores y recolectores—. En esta cueva había restos dejados por la presencia humana hace más de 8.000 años. Los sedimentos que se destruyeron en el año 2007 con maquinaria pesada guardaban una gran cantidad de claves arqueológicas, perdidas para siempre. Las excavadoras retiraron más de 1.000 metros cúbicos de sedimentos del neolítico.
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