Un testigo ha responsabilizado al empresario del carbón Victorino Alonso de la destrucción de la Cueva de Chaves, ubicada en el interior del coto de caza de Bastarás (Huesca) y uno de los más importantes yacimientos del neolítico del país.
Según informa la asociación Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragón), personada en la causa abierta por la destrucción de este yacimiento arqueológico, la acusación contra Victorino Alonso ha sido formulada por un extrabajador de la empresa que gestionaba el coto privado de Bastarás, Fimbas.
Este testigo, también imputado en la causa, ha comparecido hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca para informar de donde partieron las órdenes para destruir el yacimiento y ubicar unas instalaciones para uso de los animales que introducían en el coto para su posterior caza.
Desde Apudepa se afirma en un comunicado que este trabajador ha manifestado ante el instructor que Victorino Alonso, imputado en la causa, era "el único jefe y patrón de todos los negocios" en la finca de Bastarás.
Este testigo, que ya había declarado en pasadas fechas aunque sin responsabilizar a nadie de los hechos, ha relatado que el empresario viajaba mensualmente a Bastarás para supervisar el funcionamiento del coto y las numerosas obras medioambientales realizadas "sin permiso ni licencia alguna".
La asociación asegura que la declaración del testigo ha dejado "claro" que Alonso, como dueño de la empresa Ferpi, ordenaba el traslado de la maquinaria utilizada en las obras del aeropuerto de Monflorite, cerca de Huesca, a Bastarás y que fue él quien dio la orden de actuar en Chaves.
Este trabajo, según Apudepa, supuso la "destrucción absoluta" de un gran yacimiento del neolítico ibérico, el segundo de mayor importancia en España.
"Hoy hemos sabido -afirma la asociación- que la intervención en la cueva no se hizo en un solo día ni por una sola persona sino que intervinieron al menos cuatro o cinco profesionales y potentísimas máquinas".
Desde Apudepa, personada en la causa como una de las acusaciones particulares junto al Gobierno aragonés y a Ecologistas en Acción, se añade que el testigo ha explicado, además, que la orden que dio Alonso al palista encargado de actuar sobre el yacimiento fue que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique de una presa artificial proyectada en la zona.
Por su parte, el representante legal de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, ha valorado las declaraciones hechas por este testigo y el peso que podrían tener para el desarrollo posterior del proceso.
El letrado ha explicado que no tiene previsto solicitar la práctica de nuevas pruebas y se ha mostrado partidario de la finalización de la instrucción y de la apertura del juicio oral por estos hechos, denunciados en 2009.
La destrucción de la Cueva de Chaves fue denunciada en este año por la fiscalía de Huesca a instancias del Gobierno aragonés, que presentó toda la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.
Además de Victorino Alonso y del trabajador que ha comparecido hoy como testigo, en la causa están imputadas otras dos personas vinculadas laboralmente con el empresario.
A todos ellos se les imputa un presunto delito contra el patrimonio, al que Ecologistas en Acción pretende añadir otro por daños al medioambiente en la zona de Bastarás, un coto de caza privado que permaneció vallado durante décadas.
Fuentes judiciales han explicado que el Gobierno aragonés sopesa solicitar una indemnización de 50 millones de euros por los daños causados al yacimiento
