Se aviva la guerra del fracking a 7 días del fin de alegaciones

INFORMAR SOBRE EL FRACKING

Se sobreentiende como algo inherente a los gobiernos que han de velar por el bien de su territorio, el progreso de sus gentes y la conservación de los espacios protegidos. Sin embargo, las enormes agresiones que se han realizado en este país a lo largo de la historia y la gran desconfianza ciudadana en la política abren aún más la brecha y el espacio de la duda hacia las decisiones que toman quienes nos gobiernan.

La polémica abierta  en el Maestrazgo de Castellón y Teruel sobre la amenaza del fracking para obtener gas, tras cuyas técnicas se podrían encontrar graves amenazas, debe tener una respuesta por parte de la administración pública. Resulta contradictorio que Las Cortes de Aragón votaran unánimemente declarar a Aragón territorio libre de fracking y sin embargo el departamento de Industria no se muestre contrario y abra la posibilidad de que se lleve a cabo. El gran temor de la población por lo que pueda suceder en el futuro debería ser suficiente razón para que tanto la empresa como la administración pública explicasen sus razones y argumentos según los cuales no hay motivos para la preocupación. Se trata de una técnica agresiva que ha causado graves problemas en EE UU. Habrá que valorar los pros y los contras de su uso, y si realmente poner en riesgo el patrimonio natural y ecológico de esta tierra merece la pena. Bien es cierto que en muchas ocasiones existen alarmas infundadas por falta de información o generalizaciones injustificadas. Cabe recordar, por ejemplo, la preocupación que suscitó la Térmica de Andorra que, sin embargo, en vez de generar todos los males que se temían en su día, ha sido sustento (y sigue siendo) de buena parte del territorio turolense desde los ochenta. En el caso del fracking, que ha generado la creación de plataformas ciudadanas que han organizado ponencias de expertos, movilización en redes sociales, medios de comunicación nacional, quejas de ayuntamientos y movilización en los parlamentos autonómicos, requiere una urgente contestación tranquilizadora por parte del ejecutivo.