A veces, oímos comentarios sobre actividades extractivas ligadas a la industria de la guerra en países lejanos y no nos percatamos de que eso también se da muy cerca de nosotros, aquí mismo. Este es el origen de la denuncia continuada de BDS Internacional y de colectivos del territorio contra la empresa israelí ICL (Industrial Chemical Limited), propietaria de las minas de potasa del Bages.
Vista aérea de la escombrera del Cogulló (Sallent). Foto: Col·lectiu Prou Sal
La explotación de la sal común (cloruro sódico) en la comarca empezó en el Neolítico y continuó a lo largo de la historia, para decaer en el siglo xix y renacer a principios del siglo xx ligada a la comercialización de la potasa. En 1912 se pone de manifiesto el contenido en minerales de potasio en la cuenca salina catalana y en 1918 se adjudica la concesión minera de Súria, que dará paso a otras concesiones en Cardona y después en Balsareny y Sallent, todas ellas dentro de la misma comarca. En 1925, ya tenía una capacidad de extracción de mil toneladas diarias de material bruto. Muy pronto se hace notar el incremento de la salinización en la cuenca del Cardener y, más adelante, pasará lo mismo en la del Llobregat.
La llegada de la multinacional israelí
En 1998 la multinacional israelí Israel Chemical Limited (ICL)[1] compra las minas de Sallent y Súria a Potasas del Llobregat y Súria K, las dos empresas estatales controladas hasta entonces por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, con diferentes nombres, ha continuado explotándolas hasta la actualidad. En estos momentos, ICL Iberia es una gran multinacional que en 2022 extrajo 800.000 t de potasa de sus minas y vertió 1.600.000 t de residuos de la explotación (en su mayor parte, sal común) sobre la ya inmensa escombrera del Fusteret, en Súria. Las sanciones a Rusia y Bielorrusia han disparado los precios de este material, clave en la elaboración de fertilizantes.
Las sanciones a Rusia y Bielorrusia han disparado los precios de este material, clave en la elaboración de fertilizantes.
Especialmente esta última etapa de la explotación minera, de la mano de ICL, que introdujo maquinaria más potente y ha construido dos grandes rampas de acceso a las minas de Sallent y Súria, ha constituido una agresión brutal sobre el territorio, en primer lugar, por la salinización causada. De cada tres toneladas de material que se extraen de las minas, una es de potasa y las otras dos son de residuos que a lo largo del tiempo se han ido acumulando sobre el suelo, sin protección ni control. Varias sentencias han condenado a la empresa. Destacamos la sentencia penal del 2014 contra ICL Iberia y 3 exdirectivos por el delito de salinización de las aguas en Sallent y la apertura de un expediente ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Actualmente, gracias al colector de salmueras, el río Llobregat suele mantener los límites de salinidad dentro de los parámetros legales, aunque su afluente, el Cardener, suele superar los 250 mg/l. Y, muy importante, no tenemos datos y, por tanto, desconocemos el estado de los acuíferos, que suponemos muy maltrechos. Una evidencia del mal estado de toda la cuenca es que la planta desalinizadora situada en la población de Abrera extrae del Llobregat una media de 140 t de sal al día por el procedimiento de electrodiálisis reversible.
Creciente demanda de agua y explotación laboral
A raíz de una investigación reciente de la revista Crític, sabemos que ICL tiene concedidos 12.820.000 m³ de agua anuales. Es la sexta empresa catalana por el volumen de su concesión de agua. Aunque los últimos 6.860.000 m³ tengan limitaciones en caso de restricciones por sequía, diversas entidades no estamos de acuerdo con esta concesión porque es finalista (no devuelve el agua al río) y porque ICL no cumple con el propósito ni con los requisitos que aseguró que cumplía y justificaron la concesión cuando la pidió.
Estamos hablando de la concesión otorgada por la Generalitat para construir, paralelamente al colector de salmueras, una tubería que llevará a Súria 6.860.000 m³/año, la casi totalidad del agua que actualmente la depuradora de Manresa vierte en el Cardener. Una concesión que tiene limitaciones, ya que no estará vigente cuando estemos en estado de emergencia por sequía y que está obligada a respetar los caudales mínimos del río, ya de por sí muy limitados. Cabe recalcar que la disminución del caudal tiene relación directa con el aumento de la salinidad del río.
Respecto a las condiciones laborales, últimamente parece que las reivindicaciones y mejoras conseguidas con esfuerzo y lucha por el colectivo minero a lo largo de la historia estén siendo aminoradas por el poder empresarial. Las condiciones de trabajo tienen un amplio margen de mejora y se produce un elevado número de incidencias.
En marzo de 2023, la prensa se hizo eco de la desgraciada noticia de los tres jóvenes geólogos muertos en Súria. Un par de años antes tuvieron lugar otras dos muertes en las minas de ICL. Creemos que esta accidentalidad no es solo fruto de la casualidad y de la mala suerte, sino también de un plan de trabajo incentivado, que prima la producción, y de la subcontratación de empleados con poca o ninguna experiencia. El aumento de personal subcontratado permite a la empresa tener un número de trabajadores variable y especializado según sus necesidades, sin tener que despedir a nadie y, aún más, pueden decir que ha disminuido la siniestralidad, ya que no contabiliza en su haber los accidentados ni los muertos de las empresas subcontratadas.
Respuesta de las administraciones
ICL cuenta con la ayuda de importantes asesores y expertos legales, el Plan Phoenix (2011) es un buen ejemplo de ello. Además de conseguir un lucrativo aumento de la producción, la empresa se comprometía a eliminar las escombreras por medio de la extracción de sal y canalizando hasta el mar el material que no se pudiera aprovechar, para esquivar así el cumplimiento de las sentencias que la obligan a restaurar la escombrera de Sallent. El plan preveía fabricar sal vacuum, y la empresa mostró un contrato para demostrar que le comprarían la sal que produciría y un plan de fabricación y consiguió ayudas de la Generalitat y del Estado para reforzar las líneas eléctricas y ampliar su dársena en el puerto de Barcelona. Hoy en día, ese contrato con Akzo está roto y solo funciona una de las fábricas que se tenían que construir, que necesita gran cantidad de agua para producir material de alta pureza. Mientras, la empresa ha seguido vertiendo escombros con un permiso provisional.
Ante tanto disparate, la Generalitat respalda y anima estas iniciativas empresariales sin aplicarles una auditoría independiente, sin exigir garantías económicas realistas a la empresa ni establecer un calendario de efectos comprobables. Europa y el Estado español apoyan sin fisuras lo que afirma la Generalitat de Catalunya.
De hecho, la actividad de ICL Iberia fue declarada «de interés público» en 2015 por parte del gobierno de Artur Mas, a pesar de tener dos expedientes abiertos en Europa. En 2018 se aprobó un Plan Director de la Minería (PDU) que contemplaba el programa de restauración para Sallent y Súria y preveía vaciar las escombreras en 70 años, pero ya en 2022 se ha modificado permitiendo la ampliación de la montaña de residuos de El Fusteret en Súria, sin ninguna garantía económica adicional.
Con los años, ICL Iberia también ha tejido una gran red empresarial de inversión y de apoyo social, deportivo y cultural que recoge el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE). Especialmente grave es la connivencia de ICL con la Universidad Politécnica de Catalunya, en la cual patrocina una cátedra de minería sostenible.
Vínculos con el Estado de Israel y la ocupación de Palestina
Aunque ICL no cuenta actualmente con participación estatal entre el accionariado, al ser catalogada como empresa estratégica, el Estado de Israel tiene derecho a intervenir en su actividad empresarial (venta de acciones, inversiones…), con lo cual se puede afirmar que la empresa mantiene un estrecho vínculo con el Estado. Además, se aprovecha de la ocupación militar para aumentar sus beneficios derivados de la extracción de recursos de la zona del mar Muerto.
La filial de ICL en EE. UU. es la proveedora del fósforo blanco con el que Israel fábrica las bombas.
También se puede afirmar que ICL participa en el genocidio contra el pueblo palestino. Por una parte, su filial de los EE. UU. es la proveedora del fósforo blanco con el que este país fábrica las bombas[2], prohibidas por la legislación internacional; las mismas que, según Amnistía Internacional, Israel ha usado ya sobre Gaza.
Por otra parte, porque, desde hace mucho tiempo, ICL participa en la campaña Apadrina un Soldado [3] y, además de dedicar beneficios empresariales a programas para el bienestar de los soldados israelís, según nuestras informaciones, ha apadrinado a la brigada Givazi, una de las primeras que entró en Gaza durante el conflicto.Así pues, a pesar de las sentencias que ordenan planes de restauración y la retirada inmediata de la escombrera, a pesar de las condenas penales por negar la salinización, a pesar de tener una denuncia pendiente en el Tribunal de Justicia Europeo que exige una fianza proporcional al volumen del daño causado, a pesar de la Directiva Marco del Agua que parte del principio de «quien contamina, paga» y, viendo cómo han ido las cosas hasta ahora, más bien nos parece que se cumplirá la peor de las distopías: cuando haya menos material o sea más caro explotarlo, cuando las condiciones no le convengan o simplemente cuando sus dueños lo decidan, ICL se irá de nuestro país dejando a los trabajadores sin trabajo y con subsidios a cargo de la administración pública e inmensas escombreras que seguirán salinizando la poca agua que nos queda en el Llobregat, una costosa desalinización que tendremos que pagar entre todas. Mientras tanto, sigue degradando el territorio, incrementando la demanda de un agua que es de todos, no cuidando suficientemente a sus trabajadores y colaborando en el genocidio contra el pueblo palestino.
