Fianza de 66 millones a Victorino Alonso por destruir la cueva de Chaves
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha confirmado la fianza de 66 millones de euros impuesta al empresario leonés del carbón Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves, uno de los más importantes del neolítico en Europa.
Según informa la asociación Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), personada como acusación en la causa, el instructor confirma el auto del apertura del juicio oral contra el empresario por un presunto delito contra el patrimonio así como la cuantía de la fianza establecida.
Esta petición de fianza, acordada por el juez para garantizar el pago de la indemnización derivada de una posible condena, también ha sido solicitada por la fiscalía y la representación legal de Ecologistas en Acción, también personada en la causa como acusación particular.
La fianza eleva la valoración hecha años atrás por el fallecido director del Museo de Huesca, el arqueólogo Vicente Baldellou, quien cifró los daños en 50, 9 millones de euros, a fin de garantizar una dotación suficiente con la que responder a una posible indemnización más los intereses de demora.
En su auto, el juez asumía, además, la petición de Ecologistas en Acción al abrir la posibilidad de imputar al empresario un presunto delito contra el medio ambiente, una petición que había rechazado previamente.
Asimismo, se admitía la incorporación de la sociedad que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, Fimbas, y de las empresa la encargada de realizar las obras que provocaron su destrucción, Ferpi, como responsables civiles subsidiarios.
Por estos hechos, la fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión como presunto responsable de un delito contra un yacimiento arqueológico.
Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama a su vez para el empresario una condena de 3 años de prisión, multa de 288.000 euros.
Ecologistas en Acción solicitan a su vez dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.
La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como "actor civil" y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.
Todas las acusaciones reclaman la condena de las sociedades Fimbas y Ferpi como responsables civiles subsidiarias en el pago de las posibles indemnizaciones acordadas durante la vista oral.
Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.
Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida "irremediable" de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.
Todas las acusaciones señalan que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, y uno de los más importantes de Europa.
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