Finalmente esta nueva normativa ambiental para la protección del medio marino ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto vigente desde el día posterior a su publicación. El objetivo es establecer un marco jurídico para lograr un buen estado del medio marino y su protección y preservación, así como la recuperación de ecosistemas marinos y la prevención y eliminación de la contaminación del medio marino.
Los elementos clave que conforman este proyecto de ley de Protección del Medio Marino son tres: las Estrategias Marinas como instrumento de planificación; la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas y la incorporación de criterios ambientales en los usos del medio marino.
España delimitará una serie de Demarcaciones Marinas en las que se llevarán a cabo actuaciones específicas en función de Estrategias Marinas determinadas para cada una de ellas. En este sentido, las Estrategias Marinas tienen por objetivo garantizar que la presión conjunta de las actividades que se realicen en el medio marino se mantenga en niveles compatibles con la consecución del buen estado medio ambiental. Las Estrategias incluirán la evaluación de las aguas marinas, la definición de su buen estado ambiental, la fijación de objetivos ambientales y la adopción de un programa para alcanzar dicho estado y su seguimiento.
Los distintos usos del mar deberán desarrollarse teniendo en cuenta la Estrategia Marina de cada Demarcación. En la determinación de las medidas se tendrá en cuenta su impacto económico y social y se analizará su rentabilidad, incluido un análisis de costes y beneficios.
El ámbito de aplicación de este Proyecto de Ley se circunscribe al medio marino en el que España ejerce la soberanía o jurisdicción, a la Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo y a las aguas costeras cuando la legislación de aguas no es suficiente.
La Ley de Protección del Medio Marino, en su fase de anteproyecto, ha sido sometida a audiencia pública. En este sentido, atiende a las sugerencias de las organizaciones ambientales y ecologistas e incorpora observaciones y propuestas de las comunidades autónomas costeras. Asimismo, cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
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