Las actuaciones, con 300.000 euros de presupuesto, pretenden acabar con décadas de irregularidades
El Departamento de Medio Ambiente iniciará la ejecución subsidiaria del coto de caza de Bastarás a finales de noviembre. Será entonces cuando se proceda a la eliminación del vallado, que impide el paso a este espacio ubicado en un monte de dominio público, y a controlar las especies alóctonas que han sido introducidas en la zona, como es el caso de los arruis africanos.
El Ejecutivo destinará a estas actuaciones 300.000 euros, con las que se intentará poner fin "al rosario de ilegalidades" acometidas por parte de la empresa titular del coto, Fimbas S.A, que durante años se ha limitado a solventar las infracciones interpuestas por la DGA mediante el pago de multas pero no cumpliendo lo dictado en los expedientes, lo que ha conllevado a la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves.
Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, durante su comparecencia en las Cortes. El consejero ha explicado que son quince los expedientes abiertos, de los que doce se han presentado desde 2003 estando él al frente de la concejalía. De éstos, ocho han sido graves y uno muy grave.
Pese a las sanciones, los titulares del coto, ubicado en pleno Parque de Güara en la localidad de Casbas de Huesca, no han solucionado las infracciones cometidas tanto a nivel medioambiental como patrimonial, ya que, según ha dicho el consejero, "la empresa ha pagado las multas pero no ha cumplido lo marcado".
Ante ello, la DGA inició los trámites para poder llevar a cabo la ejecución subsidiaria y acometer las acciones a las que se niegan los titulares, pero según Boné, "no se podía actuar antes" porque corresponde a un complejo proceso legal cuyo plazo se culmina en noviembre.
"FALTA DE CONTUNDENCIA"
Desde Chunta Aragonesista, grupo parlamentario que ha solicitado la comparecencia, critican el que se haya permitido esta situación y acusan al Departamento de haber actuado con "falta de contundencia". "Si el Gobierno de Aragón hubiera sido más diligente, y se hubiera actuado con todas las armas de la ley es posible que no se hubiera destruido el yacimiento de Chaves", ha planteado su portavoz, Bizén Fuster.
El aragonesista ha recordado que éste es un problema que se arrastra desde hace décadas y que ya en el 2000 el Ejecutivo aseguró que actuaría. "Lo cierto es que el camino sigue vallado y que lo q es dominio público es de utilización restringida para unos particulares", ha lamentado.
Además, Fuster ha criticado que mientras la DGA "abría expedientes a la empresa y cobraba multas con una mano", "con la otra le otorgaba subvenciones" para sus actividades de cultivos alternativos.
Los populares, por su parte, también han dicho "no entender" este aspecto y han lamentado que se permita el que la empresa sólo haya cumplido la parte monetaria de las infracciones. Su portavoz Javier Gamón también ha hecho hincapié en que es un problema "que se arrastra" desde los setenta, y ha preguntado si los plazos para solucionarlo "se han cumplido o se han alargado".
Una posibilidad que han destarcado desde el equipo de gobierno. El portavoz del PAR, Joaquín Peribáñez, ha negado que existan responsabilidades políticas en cuanto a la dilatación del proceso. "Todos los expedientes se han tramitado siguiendo los plazos que marca la ley", ha asegurado.
También el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha defendido la gestión del Departamento. "No se puede decir que no se haya actuado, hay multitud de multas, sino que el problema es que se ha topado con una empresa que por un lado pagaba las sanciones y por otro hacía caso omiso".
Además, ha puntualizado que, pese a las críticas, "nadie ha dicho cómo se podía haber hecho algo más o algo más ráipdo" sin que eso no implicara complicaciones jurídicas a la hora de poder acomenter la ejecución subsidiaria.
COLABORACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE Y LA FISCALÍA
Por otra parte, el consejero Boné también ha informado durante su comparecencia de que "ya está prácticamente redactado" el protocolo de coordinación que adoptarán "en breve" el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y las Fiscalías de Teruel, Huesca y Zaragoza para mejorar su coordinación.
Este protocolo se decidió elaborar tras las denuncias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo recogidas en la memoria de 2008 sobre las relaciones de colaboración del Departamento con la Fiscalía de Teruel en relación a las funciones de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN).
El consejero, que tras las reuniones mantenidas entre las partes implicadas ha dado este conflicto por "resuelto", ha anunciado que este protocolo tiene tres aspectos. Con el primero se refuerzan los encuentros entre la Fiscalía y la DGA, que se celebrarán mensualmente. También asistirán los APN los "en aquellas reuniones que sea necesario".
En segundo aspecto, el protocolo aborda la colaboración entre el Departamiento y la Fiscalía, habiéndose acordado que los APN colaborarán cuando la justicia lo necesite pero determinando que estos agentes "no son funcionarios adscritos a la Policía Judicial y que no pueden ser protagonistas de la investigación, pues sólo actúan en función de auxilio".
Por último, también se ha consensuado que los APN remitarán primero los expedientes al Departamento, que decidirá si se llevan o no los temas a la Fiscalía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario